Inteligencia Artificial en el Estado: control, responsabilidad y desafíos jurídicos
USO DE IA
Inteligencia Artificial en el Estado: control, responsabilidad y nuevos desafíos jurídicos
La reciente aprobación de la “Guía de Controles Inteligencia Artificial - SIGEN” mediante la Resolución SIGEN 197/202, marca un avance relevante en la forma en que el Estado argentino comienza a ordenar el uso de herramientas de Inteligencia Artificial en la gestión pública.
La resolución aprueba una guía de controles aplicables al Sector Público Nacional, conforme al artículo 8° de la Ley 24.156. Esto significa que su alcance directo está dirigido a organismos nacionales, no a provincias ni municipios de manera automática. Sin embargo, su importancia excede ese ámbito: la guía puede funcionar como un parámetro de referencia para otras jurisdicciones y organismos que ya utilizan, o proyectan utilizar, herramientas de IA en sus procesos internos.
La IA en el Estado no es solo una cuestión tecnológica
Durante mucho tiempo, la incorporación de tecnología en la Administración Pública fue analizada principalmente desde una mirada operativa: mejorar trámites, reducir tiempos, automatizar tareas o facilitar la atención ciudadana. Con la Inteligencia Artificial, este enfoque resulta insuficiente. El uso de IA puede intervenir en la redacción de documentos, la atención de consultas, el análisis de datos, la gestión de expedientes, la clasificación de reclamos, la fiscalización, la contratación pública o incluso en procesos que impactan sobre derechos e intereses de las personas.
Por eso, el desafío no es únicamente incorporar herramientas. El verdadero desafío es definir bajo que reglas se utilizan.
La propia SIGEN señaló que la guía apunta a orientar la instrumentación de controles en las entidades del Sector Público Nacional, propiciar mejoras en la calidad de los servicios del Estado y fortalecer la gestión institucional, la rendición de cuentas y la transparencia.
La responsabilidad sigue siendo humana e institucional.
Uno de los puntos centrales es que la IA puede asistir, pero no reemplaza la responsabilidad legal ni funcional de los agentes y funcionarios públicos. Frente a un error, una respuesta incorrecta, una decisión sesgada, una filtración de información o el uso indebido de datos personales, no alcanza con afirmar que “lo hizo la IA”.
La pregunta jurídica relevante será otra:
¿Quién decidió usar esa herramienta?
¿Con qué finalidad?
¿Qué datos se cargaron?
¿Quién revisó el resultado?
¿Existían reglas internas?
¿Quedó registro del proceso?
Este cambio de enfoque es clave. La IA no debe ser vista como una herramienta aislada, sino como parte de un sistema de gestión pública que requiere control humano, trazabilidad, documentación, supervisión y responsabilidad institucional.
Dos escenarios de uso: herramientas generativas y sistemas incorporados a procesos
La guía permite distinguir dos grandes escenarios.
El primero es el uso individual de herramientas de IA generativa, como ChatGPT, Gemini, Copilot u otras plataformas similares, utilizadas por agentes públicos para asistir a tareas cotidianas: redactar, resumir, traducir, ordenar información o generar borradores.
Este uso puede ser útil, pero también riesgoso si se cargan datos personales, expedientes, información confidencial o documentación interna sin autorización. Por eso, resulta necesario contar con criterios previos de aprobación, intervención técnica y legal, pautas de confidencialidad, revisión humana y reglas claras sobre qué información puede o no puede utilizarse.
El segundo escenario es el de los sistemas de IA incorporados a procesos institucionales , donde la herramienta no solo asiste una tarea individual, sino que se integra a circuitos de decisión, análisis, gestión documental, priorización de reclamos, fiscalización o atención ciudadana.
En estos casos, los controles deben ser más exigentes: análisis de factibilidad, calidad y representatividad de los datos, pruebas documentadas, explicabilidad del sistema, registros de operación, ciberseguridad, supervisión humana permanente y auditoría.
Protección de datos personales y confidencialidad
El uso de IA en organismos públicos también exige una mirada fuerte en materia de privacidad y protección de datos personales.
La Agencia de Acceso a la Información Pública publicó una guía sobre IA responsable que pone el foco en la transparencia y la protección de datos personales, destacando la necesidad de incorporar medidas de seguridad, considerar todo el ciclo de vida de los sistemas de IA y resguardar los derechos de las personas titulares de los datos.
Esto es especialmente importante para municipios, provincias, instituciones educativas, cooperativas y organismos públicos que manejan información de ciudadanos, usuarios, estudiantes, contribuyentes, beneficiarios, pacientes, empleados o proveedores.
Una regla práctica debería ser clara: no se deben cargar datos personales, sensibles, confidenciales o estratégicos en herramientas de IA sin autorización, evaluación previa y medidas de seguridad adecuadas.
¿Por qué importa para provincias y municipios?
La Resolución SIGEN 197/2026 no obliga directamente a provincias ni municipios, salvo que exista adhesión, remisión normativa, convenio o incorporación expresa.
Pero eso no significa que sea irrelevante.
La guía nacional funciona como un antecedente técnico-jurídico y como un posible estándar de buena práctica administrativa. Provincias y municipios pueden tomarla como base para diseñar sus propios protocolos de uso responsable de IA.
Esto resulta especialmente importante porque los riesgos son similares en cualquier nivel del Estado: errores, sesiones, decisiones no explicables, uso indebido de datos personales, falta de documentación, dependencia tecnológica, ausencia de control humano o exposición de información institucional.
En otras palabras: aunque la obligación directa sea nacional, la necesidad de control también existe a nivel local.
Qué deben hacer las organizaciones públicas
Toda institución que utilice IA debería comenzar por ordenar internamente su uso. Algunas medidas mínimas podrían ser:
Definir qué herramientas están autorizadas.
Establecer qué usos están permitidos y cuáles prohibidos.
Prohibir la carga de datos sensibles o confidenciales sin autorización.
Cree un registro interno de usos de IA.
Exigir revisión humana de los resultados.
Capacitar a agentes y funcionarios.
Evaluar riesgos antes de incorporar sistemas de IA a procesos institucionales.
Revisar contratos con proveedores tecnológicos.
Documental decisiones, pruebas y controles.
Prever mecanismos de respuesta ante incidentes.
La finalidad no es frenar la innovación, sino evitar que la innovación avance sin reglas.
La Inteligencia Artificial puede mejorar la gestión pública, optimizar procesos y facilitar la atención ciudadana. Pero su uso responsable requiere algo más que tecnología. Requiere criterios jurídicos claros, protección de datos personales, trazabilidad, supervisión humana, documentación, ciberseguridad y responsabilidad institucional.
La Resolución SIGEN 197/2026 representa un paso importante en esa dirección, su aplicación directa corresponde al Sector Público Nacional, su valor como parámetro para provincias, municipios y otros organismos públicos es evidente.
En MZ Estudio Jurídico acompañamos a instituciones, municipios, cooperativas, empresas y organizaciones en procesos vinculados a privacidad, protección de datos personales, derecho digital, cumplimiento en ciberseguridad y uso responsable de tecnologías.
La IA puede ser una herramienta valiosa para el Estado.
Pero para ser confiable, debe ser controlable, explicable y jurídicamente responsable.
En la Provincia de Córdoba existen antecedentes relevantes de uso, promoción y desarrollo de Inteligencia Artificial en el ámbito público, especialmente a nivel provincial y en la Municipalidad de Córdoba. Sin embargo, no hay por el momento una norma provincial ni un protocolo municipal cordobés publicado que regule de manera integral el uso de IA generativa por agentes públicos.
Esto permite sostener que Córdoba se encuentra en una etapa de adopción y expansión de IA , pero todavía con una oportunidad normativa clara: transformar la agenda tecnológica en reglas institucionales concretas.
La necesidad de un protocolo se justifica porque ya existen usos de IA en atención ciudadana, identidad digital, seguridad, gestión municipal, innovación pública y control. Cuando la IA ingresa en procesos públicos, también ingresan riesgos jurídicos: datos personales, confidencialidad, datos, errores, falta de explicación, dependencia de proveedores, ausencia de registros y responsabilidad funcional.
Por eso, un municipio cordobés podría diferenciarse institucionalmente aprobando un Protocolo Municipal de Uso Responsable de IA , tomando como referencia:
la Guía SIGEN para el Sector Público Nacional;
la Guía de la AAIP sobre IA y protección de datos;
la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales;
la experiencia de Córdoba Capital en IA y gobierno digital;
la Mesa Provincial de IA;
y experiencias comparadas como Rosario o Provincia de Buenos Aires.
Del relevamiento de fuentes públicas surge que Córdoba cuenta con una agenda activa en materia de Inteligencia Artificial, con iniciativas provinciales, herramientas implementadas, espacios de coordinación público-privada y avances municipales relevantes. Sin embargo, no se verifica actualmente la existencia de un protocolo provincial o municipal publicado que regule de manera específica el uso de IA generativa por agentes públicos.
Esta situación no implica ausencia de innovación, sino una oportunidad institucional: Córdoba ya cuenta con condiciones para avanzar hacia reglas claras de uso responsable de IA. La existencia de herramientas como Agente CiDi, Red Vigía, Mi Docta, la Mesa Provincial de Inteligencia Artificial y la participación de Córdoba Capital en CIIAR justifican la necesidad de protocolos internos sobre autorización, protección de datos, confidencialidad, trazabilidad, supervisión humana, registros de uso y gestión de riesgos.
En este contexto, la aprobación de protocolos locales permitiría ordenar la incorporación de IA, prevenir riesgos jurídicos e institucionales y fortalecer la confianza ciudadana en los procesos de modernización pública.
La innovación pública puede mejorar servicios y procesos, pero solo genera confianza cuando se implementa con reglas claras, control y respaldo jurídico.
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