FRAUDES DIGITALES ENTIDADES FINANCIERAS
Préstamos digitales no solicitados, transferencias desconocidas y fraudes en billeteras virtuales plantean interrogantes sobre la responsabilidad de las entidades financieras. ¿Es suficiente una contraseña para demostrar que una operación fue autorizada? Analizamos los derechos de los consumidores, las obligaciones de seguridad de bancos y plataformas digitales y la importancia de la prueba informática para determinar responsabilidades. MZ Estudio Jurídico | Derecho Digital, Defensa del Consumidor y Ciberseguridad.
Fraudes bancarios digitales: ¿quién responde cuando se realizan operaciones que el cliente no reconoce?
Préstamos digitales no solicitados, transferencias desconocidas y accesos indebidos a billeteras virtuales plantean nuevos desafíos para la responsabilidad de bancos y proveedores de servicios financieros.
La transformación digital del sistema financiero permitió realizar operaciones que antes requerían concurrir personalmente a una sucursal. Hoy es posible solicitar préstamos, transferir dinero, administrar inversiones y contratar productos financieros desde un teléfono celular.
Sin embargo, esa comodidad también plantea una pregunta jurídica fundamental:
¿Qué sucede cuando una persona desconoce haber solicitado un préstamo o autorizado una transferencia, pero la entidad financiera sostiene que la operación fue realizada correctamente desde sus sistemas?
La respuesta no puede limitarse a afirmar que se utilizó una contraseña, un dispositivo registrado o una aplicación bancaria.
La discusión debe avanzar hacia una cuestión central: qué medidas de seguridad implementó la entidad para verificar la identidad del usuario, autenticar la operación, detectar comportamientos anómalos y prevenir posibles fraudes.
Dos situaciones que reflejan un mismo problema
En el ejercicio profesional se presentan conflictos que, aunque tienen características distintas, comparten importantes interrogantes jurídicos.
1. Préstamos digitales desconocidos y descuentos sobre haberes previsionales
Una de las situaciones más preocupantes se presenta cuando una persona jubilada desconoce haber solicitado préstamos otorgados mediante canales digitales y posteriormente advierte descuentos sobre sus ingresos previsionales.
Frente a estos conflictos surgen preguntas fundamentales:
¿Cómo verificó el banco la identidad de quien solicitó los préstamos?
¿Qué mecanismo permitió acreditar el consentimiento de la persona?
¿Se utilizaron contraseñas, códigos de seguridad, reconocimiento biométrico o autenticación multifactor?
¿Existen registros técnicos que permitan reconstruir cada operación?
¿La entidad detectó operaciones inusuales respecto del comportamiento habitual de su cliente?
¿Qué medidas adoptó cuando la persona desconoció las contrataciones?
El problema adquiere especial relevancia cuando los descuentos afectan haberes jubilatorios, destinados a satisfacer necesidades esenciales.
No se trata únicamente de determinar si una operación aparece registrada en el sistema informático del banco, sino de establecer si existe evidencia suficiente de que fue efectivamente solicitada y autorizada por su titular.
2. Robo de un teléfono, suplantación de identidad, y operaciones desconocidas en una billetera virtual o entidades financieras
Otra situación relevante se presenta cuando una persona sufre el robo de su teléfono celular y posteriormente detecta operaciones financieras que desconoce, o lo llaman utilizando técnicas de ingeniería social, suplantando identidad jurídica o personal y comprometen el patrimonio de la víctima.
En estos casos pueden verse comprometidos diversos servicios digitales: billeteras virtuales, cuentas bancarias, aplicaciones de inversión y otros sistemas vinculados al dispositivo.
La investigación jurídica y técnica debe analizar, entre otras cuestiones:
Si existieron accesos desde dispositivos o ubicaciones no habituales.
Qué factores de autenticación se utilizaron.
Si hubo cambios de contraseñas, sesiones o dispositivos.
Si los sistemas de prevención identificaron operaciones sospechosas.
Qué alertas se generaron y cómo respondió la plataforma.
Si se aplicaron mecanismos de bloqueo o verificación adicional.
Qué registros informáticos conserva la entidad para reconstruir los hechos.
La detección de una operación sospechosa y la respuesta efectiva frente a ese riesgo son cuestiones distintas que deben analizarse cuidadosamente.
La autenticación multifactor: una herramienta esencial, pero no infalible
La autenticación multifactor (MFA) es un mecanismo de seguridad que exige combinar diferentes factores para verificar la identidad de una persona.
Por ejemplo, una contraseña junto con un código generado por una aplicación autenticadora.
Su implementación puede reducir significativamente determinados riesgos de acceso no autorizado.
Sin embargo, activar MFA no significa que cualquier operación realizada desde una cuenta resulte automáticamente legítima.
Existen modalidades de fraude que pueden comprometer sesiones activas, aprovechar técnicas de ingeniería social o inducir a las personas a aprobar operaciones engañosas.
Por eso, la seguridad de una plataforma financiera no debe depender de un único control, sino de un conjunto de medidas preventivas, de detección y de respuesta.
¿Qué establece el derecho argentino?
Las entidades financieras y los proveedores de servicios alcanzados por la normativa de consumo deben respetar las obligaciones legales aplicables a sus relaciones con los usuarios.
Entre las principales disposiciones se encuentran:
Constitución Nacional, artículo 42. Reconoce los derechos de los consumidores y usuarios, incluida la protección de sus intereses económicos y el acceso a información adecuada y veraz.
Ley 24.240 de Defensa del Consumidor. Establece obligaciones vinculadas con la seguridad, la información, el trato digno y la responsabilidad en las relaciones de consumo.
Código Civil y Comercial de la Nación. Regula los contratos de consumo, la buena fe, el deber de prevención del daño y los presupuestos de la responsabilidad civil.
Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. Establece obligaciones relativas al tratamiento y la seguridad de los datos personales, relevantes cuando se comprometen credenciales, información financiera o datos de identificación.
Normativa del Banco Central de la República Argentina. Según el tipo de entidad y servicio, resultan aplicables disposiciones relacionadas con la seguridad de los canales electrónicos, la gestión de riesgos tecnológicos y los mecanismos de identificación y autenticación.
La aplicación concreta de estas normas requiere analizar las particularidades de cada caso.
La importancia de la prueba informática
En los conflictos financieros digitales, la prueba técnica puede resultar decisiva.
Una pericia informática adecuadamente orientada permite analizar registros de acceso, direcciones IP, dispositivos, sesiones, factores de autenticación, alertas de seguridad y trazabilidad de las operaciones.
También puede contribuir a determinar si los controles implementados por la entidad resultaban adecuados y si funcionaron correctamente.
La existencia de un registro electrónico de una operación no equivale, por sí sola, a demostrar la voluntad y el consentimiento de su titular.
Por ello, el análisis jurídico debe complementarse, cuando corresponda, con conocimientos técnicos de ciberseguridad, gestión de riesgos y funcionamiento de los sistemas financieros.
¿Qué hacer ante una operación bancaria desconocida?
Si una persona detecta un préstamo que no solicitó, una transferencia que desconoce o movimientos sospechosos en una billetera virtual, es importante actuar rápidamente.
Comunicar el hecho a la entidad financiera por sus canales oficiales y solicitar un número de reclamo.
Proteger las cuentas, cambiar las credenciales comprometidas y revisar los dispositivos y sesiones autorizados.
Solicitar el bloqueo preventivo que corresponda para evitar nuevas operaciones.
Conservar extractos, movimientos, notificaciones, correos electrónicos y demás documentación.
Solicitar información sobre las operaciones cuestionadas y sus mecanismos de autorización.
Evaluar la presentación de denuncias y reclamos ante los organismos competentes.
Buscar asesoramiento jurídico para determinar las medidas de protección y reparación correspondientes.
Es fundamental preservar la evidencia digital y evitar la eliminación de información que pueda resultar útil para una investigación.
La seguridad digital también es una obligación institucional
Los conflictos derivados de operaciones financieras desconocidas ponen de manifiesto que la seguridad informática no es exclusivamente una cuestión tecnológica.
También involucra obligaciones jurídicas, prevención de riesgos, protección de datos personales, defensa del consumidor y responsabilidad institucional.
La digitalización de los servicios debe avanzar acompañada de controles proporcionales a los riesgos que genera.
La confianza en el sistema financiero digital no depende solamente de la facilidad para operar, sino también de la capacidad de las entidades para prevenir incidentes, detectar anomalías, responder eficazmente y acreditar la seguridad de sus procedimientos.
MZ Estudio Jurídico | Córdoba, Argentina
Derecho Civil y Daños y Perjuicios · Defensa del Consumidor · Derecho Digital · Privacidad y Ciberseguridad
Brindamos asesoramiento jurídico en conflictos vinculados con operaciones bancarias desconocidas, fraudes digitales, billeteras virtuales, protección de datos personales y responsabilidad de proveedores de servicios tecnológicos y financieros.
Cada situación requiere una evaluación individual de los hechos, la documentación y la prueba disponible.
Consultas profesionales: www.mzestudiojuridico.lat
Nota: El presente artículo tiene finalidad informativa y aborda problemáticas jurídicas generales. No constituye una descripción de hechos judicialmente acreditados ni sustituye el asesoramiento profesional para un caso concreto.
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